El reciente Estudio Socio-Económico de la cadena de uvas, vinos y singanis financiado por Fautapo y Fomin, presenta una radiografía del sector que da luces para ver las oportunidades que emanan a partir de su realidad.
Tienen un área de cultivos de uva de 2.855 hectáreas distribuidas en los departamentos de Tarija (2.320 ha), Chuquisaca (292 ha) y Santa Cruz (243 ha), de las cuales se genera una cosecha anual de 608.820 quintales. Del 100%, un 30% se vende como uva de mesa, el 44% es utilizado como insumo para la producción de vino (5 millones de litros al año) y un 26% para singani (3,6 millones). Toda la cadena genera 3.400 empleos directos.
Hasta ahí las cifras son alentadoras. ¿Pero qué sucede en el mercado nacional? El estudio precisa que del 100% de vinos que se comercializa en Bolivia, el 50% sale de las bodegas nacionales, un 25% es contrabando, 14% importación legal y 11% producción clandestina.
Respecto al singani, un 67% tiene el sello boliviano legal ($us 20.807.580) y el 33% sale de la producción clandestina ($us 10.156.063).
El contrabando de vinos en el país representa $us 8.967.053 y la producción clandestina $us 3.750.437. La producción legal llega a $us 17.492.711.
Estos datos conducen a ver que hay oportunidades de oro que vienen de dos frentes para el sector y el Gobierno. Si se frena el contrabando, obligando a pagar los tributos aduaneros, y si se formaliza la producción clandestina, a través del fisco, el Tesoro General robustecerá sus ingresos. De hacerse esto realidad, representará un espaldarazo a la industria nacional con un impacto en la expansión de la frontera de cultivos de uva
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